Imágenes de abandono y suciedad, caos de cajas y expedientes en un ambiente lóbrego e insano, es lo que ofrece el archivo de Orihuela. O, al menos, es lo que la concejala delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Contratación, Asunción Mayoral, dijo haberse encontrado tras la constitución del nuevo equipo de gobierno municipal en mayo de 2011. La denuncia se produjo el pasado 23 de septiembre mediante un video que puede consultarse en YouTube y en el que, junto a las imágenes del deterioro se denuncian las indignas condiciones de trabajo de los funcionarios que han de acceder al archivo y el exorbitado alquiler que el Ayuntamiento viene abonando por los locales en que se ubica.
En cuanto se conoció la denuncia, el presidente del COBDCV se dirigió por escrito al Ayuntamiento de Orihuela y a la dirección General de Patrimonio de la Generalitat (29 sep 2011) recabando informes del archivero/a y de la Comisión de Valoración documental, y reclamando la intervención de la Inspección de Archivos.
Tan sólo un mes después de la denuncia pública, el problema ha pasado a ser invisible: la respuesta de ambas administraciones obvia completamente cualquier problema de abandono o insuficiencia de las instalaciones. En efecto, la certificación del Ayuntamiento, de fecha 18 de octubre y con firma del Secretario y del alcalde, basándose en informes de la Archivera municipal, se limita a recordar el valor de los fondos y su ubicación, y admite tan sólo que por falta de espacio en alguna oficina municipal se ha llevado al Depósito alguna documentación reciente. Ni se contempla carencia alguna ni se hace alusión a lo denunciado por la concejala. La Comisión de Valoración Documental existe, al parecer, desde 2010, pero no así el reglamento del Archivo. La respuesta desde Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por su parte, se limita a hacerse eco de aquella certificación municipal, sin reconocer tampoco ningún problema.
Si la situación que motivó la denuncia era falsa o si se ha resuelto con insólita celeridad, es cosa que debe ser aclarada, so pena de dar alas a la sospecha de connivencia u ocultación de graves carencias en la custodia de documentos a que la Administración está obligada por Ley. Incluso si no se tratara más que de un episodio del debate político entre el equipo de gobierno entrante (tripartito que agrupa a Verdes, Socialistas y CLR) y la administración del PP saliente, el COBDCV llama a un ejercicio de responsabilidad para no poner en peligro el cumplimiento de la legalidad en cuanto a la custodia y mantenimiento de los archivos municipales (Ley 3/2005 de 15 de junio) y la el Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 16 de noviembre).
Valencia 14 de Febrero 2012
Junta de Govern del COBDCV
